El SLT declara que la petición atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores
El SLT (Sindicato Libre de Transporte) ha requerido al Ministerio de Justicia una revisión total de la obligación de certificación de antecedentes penales a todos los conductores de autobús. Según el Sindicato, esta obligación “atenta contra derechos fundamentales de los trabajadores, y contra el derecho a su intimidad e imagen”.
La reclamación que el SLT ha realizado por escrito al ministerio se ha llevado a cabo después de saber que diversas empresas de transporte de viajeros están recibiendo solicitudes de certificación de antecedentes penales de sus conductores.
El Sindicato aclara que este requerimiento les es exigido por la interpretación de la Ley Orgánica 26/2015, que detalla un certificado de “no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual”; este certificado ha de ser expedido por el registro central de delincuentes sexuales, que aún no ha sido creado, y por esta razón los conductores han de dirigirse al Registro Central de Penados.
Fuente: Etrasa.com
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